Memoria

(…)

Ni un momento, ni un recuerdo,
para los que perdieron, los que construyeron
la tumba, el mausoleo,
de la miseria, del carnicero.

¿Cómo esperas ganar sin ellos
las batallas que anteriormente perdieron?
Si han de callar, que callen aquellos,
los que firmaron pactos de silencio.

(…)

Al bando vencido. Ismael Serrano

Nací en septiembre de 1974 y tengo con la Constitución Española vigente, como muchas personas de mi edad, un compromiso generacional. En dos ocasiones, tomando posesión como concejala del Ayuntamiento de Avilés, he prometido acatar la Constitución y por tanto su aceptación solemne.

Y lo he hecho convencida del compromiso que mis padres y abuel@s  y sus respectivas generaciones adquirieron con ella, aunque haya cuestiones que nunca me han gustado y otras que sigo sin tener claras, porque ponen de manifiesto las circustancias especiales en las que nuestra Constitución fue redactada.

No creo que en un estado democrático moderno sea necesario un artículo 8.1 que nos diga que el ejercito es el garante de la unidad de España, teniendo en cuenta que el articulo 1.2 asegura que la soberanía reside en el pueblo. Tampoco forma parte de mi modelo de estado ideal el Título II sobre la Corona ni el artículo 16.3 que le da un estatus especial a la Iglesia Católica.

Estas cuestiones y otras han sido tolerables hasta este momento, en el que en una democracia que no ha sido capaz de reparar la memoria de las víctimas de la dictadura, y en la que siguen existiendo cientos de fosas comunes con los restos de las personas que fueron represaliadas, la respuesta a una iniciativa judicial para devolver la dignidad a las víctimas, a sus familias y a la memoria de un país, es que el juez que promueve esa iniciativa puede acabar inhabilitado.

Y todo ello, por una denuncia interpuesta por un partido político que en cualquier otro país europeo estaría ilegalizado por defender el fascismo y que ha sido vista con buenos ojos por el Tribunal Supremo. En otros países democráticos han cuestionado y criticado esta situación. “España necesita una explicación honesta de su turbulento pasado, no perseguir a aquellos que tienen el valor de exigirla” dice el editorial del New York Times. Mientras, la jurisdicción internacional para los crímenes contra la inmunidad puede traernos en Argentina, la justicia que se nos niega en nuestro propio país.

Si nuestra Constitución avala de alguna manera una amnistía o normas de impunidad que impida investigar estos crímenes que atentaron con los derechos humanos de miles de personas en nuestro pais, entonces empezaré a creer que era cierto que la dictadura franquista lo dejo Atado y bien atado y que la Constitución y el sistema judicial son la cuerda que utilizaron.

En ese caso, terminará mi compromiso generacional con esta Constitución dogmatizada por algunos pero que evidentemente precisa cambios urgentes y una reforma cuyo proceso ella misma recoge.

No callaré aunque se hayan firmado pactos de silencio, porque no traicionaré la memoria y la dignidad de quienes sufrieron la persecución, las torturas, el exilio y el asesinato.