Digamos que son malos tiempos para la lírica y más para hablar de financiación local. Los ayuntamientos españoles nos habíamos puesto de acuerdo sobre las bases de la reforma y digo habíamos porque en los últimos meses el PP ha querido romper el consenso alcanzado en la Comisión Ejecutiva de la FEMP. Así que se ha dedicado a utilizar políticamente un hecho coyuntural como es el ajuste presupuestario de 2009 para lanzar por los aires lo realmente esencial, el acuerdo sobre la modificación estructural del modelo de financiación del sector público en lo que a las entidades locales se refiere.
La reforma de la financiación local intenta poner en valor a los Ayuntamientos como uno de las tres admistraciones del Estado, las más cercana a los ciudadanos y ciudadanas y que sigue sufriendo la “incertidumbre competencial”, prestando servicios que solemos llamar impropios porque no están recogidos en la Ley de Bases o bien porque pertenecen a otras administraciones que no los financian adecuadamente.
Estos son quizás el “alma mater” de los problemas de las administraciones locales, porque ante esta situación nunca se ha planteado una planificación concertada de recursos entre los tres niveles de gobierno: central, autonómicos y locales, de tal manera que cada una toma sus propias decisiones, sin tener a veces demasiado en cuenta como afecta al resto. La supresión del IAE es sin duda el ejemplo más claro de una decisión tomada por la administración central y que dejaba sin una importante fuente de recursos a las adminsitraciones locales.
A esto debemos añadir que los Ayuntamientos cada vez prestamos más y pretendemos mejores servicios. Algunos por decisión propia y cuya responsabilidad debemos asumir pero otros porque la ciudadanía aunque la competencia no sea municipal la reclama y la respuesta la da casi siempre la administración más cercana, la que se encuentra cuando sale a pasear por su ciudad: el Ayuntamiento.
En este momento en la mayoría de los municipios se debaten las ordenanzas fiscales, para garantizar una financiación local que se sustenta en tributos propios con una enorme corresponsabilidad fiscal. Si existe una administración que no rehuye ese debate con sus vecinos es la administración local, y los ciudadanos y ciudadanas conocen que impuestos pagan a su ayuntamiento y porqué importe ¿ocurre lo mismo con las otras administraciones? ¿es responsable pedir más financiación y a la vez reducir los impuestos que dependen de uno como hace la Comunidad de Madrid?.
Si el debate de la financiación se plantea en términos exclusivamente numéricos, no tengo duda que será un fracaso, máxime si tenemos en cuenta que no serán los próximos años de bonanza, lo que también repercutirá en los ingresos del Estado. Y así será complicado atender las demandas de los más de 8.000 municipios españoles cada uno de ellos con sus caracteristicas específicas.
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