En contra de los discursos y argumentaciones que hemos venido escuchando contra la nueva ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo, leo en el blog de Maikeinai´s sobre el estudio realizado por el Instituto Guttmacher.
Este estudio pone de manifiesto que en las regiones que han prohibido o restringido el acceso a la interrupción del embarazo, no se logran tasas de abortos inferiores a las de aquellas zonas en las que si es legal. Y lo que si ha contribuido a reducir el número de abortos es el incremento en el uso de contraceptivos.
Lo cierto es que el 40% de las mujeres del planeta viven en zonas sometidas a restricciones abortivas. El 90% de las mujeres de Sudamérica y África viven en áreas de prohibición total. Cada año 70.000 mujeres mueren como resultado de operaciones de aborto poco seguras.
La seguridad jurídica y sanitaria es precisamente lo que busca la reforma iniciada por el Ministerio de Igualdad. Se trata de regularizar un derecho, el de decidir, asumido por la inmensa mayoría de nuestra sociedad y hacerlo más acorde con la legislación que existe en el resto de países europeos. Se trata de determinar un plazo razonable para que las mujeres podamos tomar la decisión sin necesidad de tener que recurrir a los “daños psicológicos” y que sean tenidos en cuenta los aspectos sanitarios del problema y la actuación desde la sanidad pública.
Podemos escuchar el colmo de la hipocresía en boca de quienes gobernaron durante ocho años este país sin plantear modificación alguna a la actual legislación. Acolítos siempre de la Conferencia Episcopal, en 1985 el Partido Popular (por áquel entonces AP) paralizó durante dos años mediante un recurso ante el Tribunal Constitucional la entrada en vigor la regulación hoy vigente.
Entre 1996 y 2004 el PP no derogó la ley que había combatido, y hoy como hace 25 años anuncia nuevamente que recurrirá ante el mismo tribunal la nueva Ley de plazos en un ejemplo de oposición también por plazos (según gobiernen o no).
¿Debemos asimilar pecado y delito? ¿Deben las 100.000 mujeres que abortaron el año pasado ir a la cárcel? ¿Deben acompañarlas los profesionales sanitarios que practicaron las interrupciones?
Tags: Feminismo, Gafasvioletas, Nacional, Politica
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Es lastimoso ver como desde uno y otro partido se usa el tema del aborto para atacar al oponente.
El pp manifestándose y el psoe criticando que el pp no cambiase la ley cuando pudo hacerlo o sugiriendo que el pp quiere meter en la cárcel a las mujeres que abortan.
Por otra parte es muy penoso poner este tema transcendental en manos de un ministerio y una ministra claramente no preparada para ello que llega a comparar este caso con “ponerse tetas”. Es descorazonador ver como desde el gobierno se transmite la idea de que el derecho a decidir en el aborto es un derecho fundamental de nuestra constitución, se trata como tal y no lo es, Ana… debería explicarse si quiere que así sea o que es lo que se quiere porque creo que no se ha explicado.
He perdido la esperanza de que es este país salgo algo bueno de nuestros representantes políticos, cualquier parlamento o debate solo se usa como un modo de confrontarse y nunca de aceptar lo que el otro aporta para mejorar la convivencia. El aborto es solo un ejemplo más. -
No me parece que poner en evidencia las contradicciones del Partido Popular no sea legítmo, es más creo que es necesario porque manifiesta la hipocresía de la derecha que quiere imponer su “moral” al resto. Si creo que tenemos derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo y hacerlo en conciencia.
Desde luego me parece injusto las criticas que recibe la Ministra que creo basadas en muchos prejuicios y sobre todo que para ello se saque de contexto una expresión para poner de manifiesto que la edad legal para decidir en el tema sanitario son los 16 años, lo de “ponerse tetas” es anecdotico, ¿hubiese sido mejor hablar de decidir sobre un tratamiento médico o una donación? Otra cuestión es que en nuestro pais exista incoherencia sobre a que años se fija la mayoría de edad.
La que tu llamas clase politica no es más que una representación de la sociedad y podríamos aplicar las mismas criticas al sector sanitario u a otro cualquiera y sería igualmente injusto. -
Yo no digo que no sea legítimo. Digo que no veo que haya motivación para alcanzar un solo consenso… ni en la izquierda ni en la derecha.
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